Otra reforma de la ONU: el nuevo Consejo de Derechos Humanos no es ninguna mejora por Anne Bayefsky LA ADMINISTRACIÓN BUSH HA DECIDIDO no presentarse para ocupar un asiento en el nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La elección, programada para tener lugar en Nueva York el 9 de mayo, está conformándose como una pesadilla para Naciones Unidas, de modo que había buenos motivos para no prestarle credibilidad. Pero la verdadera cuestión no es si el consejo será aberrante, o si utilizará la cobertura de la ONU para demonizar a Estados Unidos e Israel al tiempo que ignora las violaciones de los derechos humanos de China, Arabia Saudí, Zimbabue o similares. El tema central es cuáles deberían ser las consecuencias de este fiasco para el compromiso financiero y político norteamericano con una ONU sin reformar. El consejo fue creado por la Asamblea General de la ONU el 15 de marzo en una votación de 170 a 4 (Estados Unidos, Israel, las Islas Marshall y Palau) con tres abstenciones (Bielorrusia, Irán y Venezuela). En aquel momento, el Subsecretario de Estado Nicholas Burns deslustró el mensaje de la votación no de Estados Unidos diciendo a los reporteros, Buscaremos modos de apoyar[lo]. El Departamento de Estado, en el anuncio del pasado jueves de que Estados Unidos no solicitaría admisión en el consejo este año, reiteraba, Apoyaremos el Consejo y continuaremos financiándolo. Pero el líder de la mayoría en el Senado Bill Frist tiene una visión del multilateralismo constructivo distinta. La semana pasada presentó una resolución pidiendo al presidente que no sólo ignorase un asiento en el consejo, sino que también establezca una entidad de supervisión de los derechos humanos al margen del sistema de Naciones Unidas, con el fin de convertirlo en el medio principal para examinar, denunciar, monitorizar y remediar los abusos de los derechos humanos por todo el mundo. La pertenencia a esta entidad estaría limitada a los estados con un compromiso manifiesto con la protección de los derechos humanos. Para comprender la importancia de la acción que propone Frist es necesario ser clara acerca de lo que dejamos atrás. Ha habido una campaña masiva de desinformación concerniente al Consejo de Derechos Humanos, gestionada por el presidente de la Asamblea General Jan Eliasson, el secretario general Kofi Annán y el congresista Tom Lantos, con la presión añadida de la Fundación de la ONU de Ted Turner y el financiero George Soros. A pesar de estos esfuerzos, el Secretariado de la ONU ha tenido que producir algunas normas claras con el fin de poner orden en el proceso de elección, y éstas aclaran la situación. Un documento de la ONU difundido el 4 de abril explica que la pertenencia al Consejo estará abierta a todos los Estados Miembros de Naciones Unidas. Ningún criterio sustancial de elegibilidad que refleje el respeto a los derechos humanos es exigido para la pertenencia. El documento también deja en evidencia quién liderará la agenda de derechos humanos de la ONU: La pertenencia se basará en la distribución geográfica equitativa y los asientos se distribuirán entre los grupos regionales como sigue: Grupo Africano, 13; Grupo Asiático, 13; Grupo Europeo Oriental, seis; Grupo Latinoamericano y Caribe, 8; Grupo Europeo Occidental y Otros (WEOG), 7. (Los Estados Unidos se encuentran en el grupo WEOG). Lo que nos lleva a los candidatos que se han presentado. El primero en salir al ruedo por el grupo africano es Argelia. Y presentando su candidatura por el grupo asiático están China, Irán, Pakistán y Arabia Saudí, entre otros. ¿Los latinos? Cuba para empezar. El congresista Lantos ha expresado furia porque Estados Unidos no se una a la fiesta. Al presentarse, dice, Estados Unidos podría asegurarse de que Estados con historiales abismales de derechos humanos no salieran elegidos. Esto ignora la vida cotidiana en la ONU, donde Estados Unidos es solamente uno de los 191 miembros. El intercambio febril de votos entre grupos regionales funciona ahora a toda máquina con vistas a las elecciones secretas al consejo, y una puede estar segura de que el intercambio de favores personales no tiene nada que ver con proteger los derechos humanos. En otro giro, los países que se presenten a la elección pueden elegir hacer una promesa pública solemne de que eventualmente van a proteger los derechos humanos. En palabras del secretario general, los estados que deseen ser elegidos para el nuevo Consejo presentarán sus compromisos y promesas de proteger y promover los derechos humanos. Evaluar estas promesas dependerá de sus homólogos estados miembros. La ONU, sin embargo, por motivos que quedaron claros tan pronto como los argelinos y los cubanos hicieron sus promesas, ha decidido no traducir estas promesas, sino sólo hacerlas disponibles en su lenguaje original, impidiendo así la evaluación de su valor. Hasta la fecha, sólo quince de los 42 candidatos declarados han hecho tales promesas. Mientras que el presupuesto de la ONU para el 2006-2007 anticipa que la organización traducirá 582.781 páginas (un quinto del coste siendo sufragado por el contribuyente americano), las quince páginas de promesas no estarán entre ellas. En pocas palabras, nada ha cambiado. La recién reformada entidad de derechos humanos de la ONU incluirá una vez más a países que no tienen ningún interés en proteger los derechos humanos; las regiones del mundo con el menor número de democracias poseerán el 55% de los asientos. Permaneciendo en segunda fila lamentando la no participación norteamericana se encuentran algunos, como la Irene Khan de Amnistía Internacional, que creen que el gulag de nuestro tiempo es Guantánamo -- no las cámaras de tortura egipcias, sirias, iraníes o sudanesas -- y que el negocio de promover los derechos humanos se practica mejor con los delincuentes dentro, disfrutando los privilegios del club de los derechos humanos, en lugar de permanecer al margen hasta que se reforme. El Senador Frist sugiere una dirección nueva para la promoción internacional de los derechos humanos fuera de Naciones Unidas. Es el momento idóneo para tal iniciativa. Anne Bayefsky Anne Bayefsky, también conocida en círculos conservadores como “la próxima Madeleine Albright“, inicia su carrera siendo la primera mujer en licenciarse simultáneamente magna et suma cum laude por las universidades de Toronto y Oxford, tras lo cual se convierte en una jurista internacionalmente reconocida en materia de derechos humanos. Interesada tanto en la enseñanza como en ejercer su vocación, acepta un puesto en la Universidad de York, en Canadá, e ingresa en el Hudson Institute como miembro permanente, y después en la FDD. Más tarde recibe el premio de investigación que concede el gobierno canadiense por sus trabajos de impulso a los derechos humanos, plasmados en la base de datos Bayefsky.com. Durante ese tiempo colabora en algunas comisiones de la ONU, conociendo de primera mano su corrupción. Entre los distintos medios en los que ha colaborado se encuentran The Wall Street Journal.